Facturación electrónica en Francia
La facturación electrónica B2G es obligatoria. En B2B, desde septiembre de 2026 la recepción es obligatoria para todas las empresas, y la emisión, para las grandes y las de tamaño intermedio; la de pymes y microempresas llega próximamente, en septiembre de 2027. En B2C no se requiere factura electrónica.
Fechas clave
- Enero de 2020
B2G obligatorio para todo proveedor del sector público
Portal Chorus Pro, tras una implantación progresiva por tamaño de empresa entre 2017 y 2020.
- Septiembre de 2026
Todas deben recibir; grandes e intermedias, también emitir
Además, e-reporting para las grandes empresas y las de tamaño intermedio a través de plataformas acreditadas.
- Diciembre de 2026
Termina el periodo de aplicación flexible
Se mantiene una tolerancia permanente para la primera infracción corregida en 30 días.
- Septiembre de 2027
Pymes y microempresas deben emitir
El e-reporting de los datos de operaciones B2C sigue el mismo calendario por fases.
En detalle
La facturación electrónica B2G se implantó por tamaño de empresa entre 2017 y 2020 y, desde el 1 de enero de 2020, se aplica a todos los proveedores del sector público a través del portal Chorus Pro.
La obligación B2B estaba prevista inicialmente para 2024 y se trasladó al calendario actual de 2026-2027. A partir del 1 de septiembre de 2026, todas las empresas establecidas en Francia deben poder recibir una factura electrónica estructurada. Las grandes empresas (más de 5.000 empleados o una facturación superior a 1.500 millones de euros) y las empresas de tamaño intermedio (de 250 a 5.000 empleados) deben emitir facturas electrónicas y enviar los datos de e-reporting desde esa misma fecha. Las pymes (de 10 a 249 empleados) y las microempresas (menos de 10 empleados) deberán emitir a partir del 1 de septiembre de 2027. Las facturas se intercambian a través de plataformas acreditadas (Plateformes Agréées, antes llamadas PDP); el antiguo portal público (PPF) funciona ahora solo como directorio de empresas y concentrador de datos.
La facturación B2C en sí no entra en la obligación (las facturas a consumidores siguen emitiéndose como hasta ahora), pero los datos de la operación subyacente deben comunicarse a la administración tributaria mediante e-reporting, con el mismo calendario por fases que corresponda a la categoría de tamaño de la empresa.
Hasta el 31 de diciembre de 2026 rige un periodo de aplicación flexible («soft landing»), y se aplica una tolerancia permanente a la primera infracción cometida en el año en curso y los tres anteriores, siempre que se corrija en 30 días. Según las cifras que se citan, las sanciones son de 50 € por cada factura no emitida (con un máximo de 15.000 € al año) y de 500 € por cada omisión de e-reporting (también con un máximo de 15.000 € al año). Las empresas que prescinden por completo de una plataforma acreditada se exponen, además, a multas crecientes: 500 €, después 1.000 € y, a partir de ahí, 1.000 € cada tres meses hasta que se regularice la situación. Estas cifras proceden de fuentes de seguimiento normativo y no se han contrastado de forma independiente con el texto legal original de la DGFiP.
Última actualización: septiembre de 2026
Preguntas frecuentes
A partir del 1 de septiembre de 2026, todas las empresas establecidas en Francia deben poder recibir una factura electrónica estructurada. Las grandes empresas y las de tamaño intermedio también deben emitir y enviar el e-reporting desde esa fecha. Las pymes (de 10 a 249 empleados) y las microempresas (menos de 10) deberán emitir a partir del 1 de septiembre de 2027.
La facturación B2C en sí no entra en la obligación (las facturas a consumidores siguen emitiéndose como hasta ahora), pero los datos de la operación subyacente deben comunicarse mediante e-reporting, con el mismo calendario por fases que corresponda a la categoría de tamaño de la empresa.
A través de plataformas acreditadas (Plateformes Agréées, antes PDP). Entre los formatos figuran Factur-X, UBL 2.1 y CII 3.0. El antiguo portal público (PPF) funciona ahora solo como directorio de empresas y concentrador de datos.
Las cifras citadas (no contrastadas de forma independiente con el texto original de la DGFiP) incluyen 50 € por cada factura no emitida (con un máximo de 15.000 € al año), 500 € por cada omisión de e-reporting (con el mismo tope) y multas crecientes por prescindir de una plataforma acreditada. El periodo de aplicación flexible se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
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